Información normativa y tributaria para contadores

Tiempo de lectura: 8 min

A) NORMATIVA TRIBUTARIA

1. El Gobierno Nacional modifica el plazo para que las personas naturales calificadas como Grandes Contribuyentes declaren y paguen el impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2017.

Así lo hace a través del Decreto 618 del 6 de abril de 2018 al adicionar un Parágrafo Transitorio al artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, que estipula que para las personas naturales calificadas como Grandes Contribuyentes hay plazo para declarar renta para el año gravable 2017 y pagar la segunda y tercera cuota hasta el 10 de agosto de 2018, independiente del último dígito del NIT.

B) DOCTRINA TRIBUTARIA

1. La DIAN considera que se genera un ingreso gravado en cabeza del fiduciario el incremento patrimonial generado por la transferencia de bienes a título de “propiedad fiduciaria” (Concepto 2044 del 29 de diciembre de 2017).

La DIAN considera que para los casos en que se celebre una fiducia civil, el fiduciario estaría recibiendo del fideicomitente los bienes en propiedad fiduciaria a título gratuito, y en ese sentido, se genera una ganancia ocasional susceptible de ser gravada según lo dispuesto en el artículo 302 del E.T.

Por último, agrega que  en los años siguientes los bienes que se declararon como ganancia ocasional entran al patrimonio del fiduciario, lo cual influye en la determinación del patrimonio líquido, la renta presuntiva y renta líquida.

2. Las propiedades horizontales de uso mixto o comercial, con la expedición del Acuerdo 066 de 2017, son tenidos en cuenta como sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Medellín. 

El municipio de Medellín, mediante el oficio SIH 0043 aclaró que con ocasión al nuevo Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 066 de 2017), únicamente estarán exentas del gravamen las actividades propias del objeto social de las Propiedades Horizontales de uso residencial; se hace esta aclaración pues en el Estatuto anterior (Acuerdo 064 de 2012), la actividad de prohibido gravamen era en general la de propiedad horizontal sin discriminar si la misma era de uso residencial, comercial o mixto.

3. Según la DIAN, utilidades provenientes de la enajenación de acciones posteriores al 1 de enero de 2017 tendrán las características de un ingreso gravable para todos los efectos fiscales. Concepto 4453 del 22 de febrero de 2018.

La Ley 1819 de 2016 derogó el inciso primero del artículo 36-1 del Estatuto Tributario según el cual no constituía ingreso gravado en la enajenación de acciones, la parte proporcional que corresponda a los accionistas en las utilidades retenidas por la sociedad, susceptibles de distribuirse como no gravadas.

En el concepto la DIAN acoge una tesis según la cual, las utilidades provenientes de la enajenación de acciones que correspondan a la parte proporcional de utilidades retenidas estarán gravadas para todos los efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2017.

Es decir, que la utilidad originada por la enajenación de acciones no tendrá la condición de ingreso no constitutivo de renta, ni ganancia ocasional a partir del 1 de enero de 2017. También, en vista que no se previó un régimen de transición para las utilidades generadas y retenidas antes del 1 de enero de 2017, la utilidad que se genere de las acciones que se enajenan después de esa fecha tendrá las características de ingreso gravable para todos los efectos fiscales. 

4. La Administración precisó el tratamiento tributario para las rentas hoteleras de personas naturales posterior a la Ley 1819 de 2016.

Respecto a la declaración de renta del año gravable 2017, específicamente sobre las rentas hoteleras por nuevos hoteles y/o hoteles remodelados antes del 31 de Diciembre de 2016 y si las mismas están gravadas, emitió el Oficio 358 del 15 de marzo de 2018.

Para la entidad, las únicas excepciones legales aplicables en el impuesto sobre la renta son las dispuestas en el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, y como en dicha norma no están previstas las rentas hoteleras, se debe entender que las únicas excepciones que aplican para las personas naturales son las rentas laborales.

Por su parte el artículo 100 de la referida ley grava con el 9% a las rentas hoteleras de las personas jurídicas, pero al no establecerse en las disposiciones fiscales tarifa diferencial alguna para las personas naturales, concluye entonces la DIAN que las rentas hoteleras por nuevos hoteles y/o hoteles remodelados antes del 31 de Diciembre de 2016 obtenidas por personas naturales están gravadas a partir del año gravable 2017 a la tarifa general que corresponda.

5. La DIAN se refirió a la no causación de IVA en los servicios gratuitos y donados.

En Concepto 1091 de 2018 ratificó que en la realización de una actividad no remunerada no se materializa el hecho generador del impuesto sobre las ventas, elemento fundamental para que se grave con IVA la prestación de servicios. Continúa aludiendo que, toda vez que dichos servicios gratuitos y donados no son en sí servicios al no comportar una contraprestación en dinero o especie, no es necesario facturar sobre ellos.

Por último expresa la entidad que no existe prohibición o limitación alguna a la hora de donar servicios, sin embargo, la deducción por donación que existe en materia de impuesto sobre la renta como beneficio para los donantes no opera respecto a la donación de los referidos servicios.

6. Para la Administración la base gravable especial de IVA (AIU) para contratos de construcción no aplica para la venta e instalación de cocinas, closets o cualquier otro tipo de bienes inmuebles por adhesión.

Para la DIAN no es posible que quien vende e instala mobiliario empotrable en inmuebles expida una factura en la cual señale como base gravable del IVA el valor de los honorarios, utilidad o AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que tendría por la instalación; ello en la medida que la base AIU no aplica respecto de los contratos de obras o bienes que pueden retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble según el artículo 1.3.1.7.9 del Decreto Único 1625 de 2016.

Agrega que en caso que el adquirente de esta venta/instalación acepte una factura con la base AIU “la administración en el ejercicio de sus facultades de fiscalización podrá iniciar el proceso correspondiente y proferir los actos administrativos a que haya lugar para exigir el cumplimiento total de la obligación”, toda vez que el impuesto a recaudar sería menor. (Concepto 131 de 2018).

7. Para la DAF, la factura del Impuesto Predial Unificado debe contener todos los elementos del acto administrativo para que, cuando quede en firme, sirva de título ejecutivo en el proceso de cobro coactivo. Concepto No. 002500 del 28 de enero de 2018, Dirección de Apoyo Fiscal. 

Para la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) el esquema de facturación del Impuesto Predial Unificado debe estar establecido por un acuerdo del concejo municipal respectivo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 1111 de 2006. Para la entidad, el esquema de facturación del impuesto no hace referencia a la facturación comercial, pues se trata de una liquidación oficial en el marco de las normas tributarias aplicables a las entidades territoriales, que debe contener todos los elementos del acto administrativo para que, cuando quede en firme, sirva de título ejecutivo dentro del proceso de cobro coactivo respectivo.

C) DOCTRINA SOCIETARIA

1. La Superintendencia de Sociedades informa el plazo de entrega del informe 42, el cual ya está disponible para su diligenciamiento, que deben remitir las sociedades comerciales y empresas unipersonales sujetas a vigilancia y control.

Las sociedades comerciales y empresas unipersonales sujetas a vigilancia y control, obligadas a presentar el informe 42 ante esta entidad, tienen hasta el 7 de mayo o hasta el 21 de mayo para presentarlo, según los últimos dos dígitos del NIT así: 

Últimos dos dígitos del NIT           Envío de la información 2018

 

00 – 91                               Lunes 7 de mayo 

90 – 81                              Martes 8 de mayo 

80 – 71                          Miércoles 9 de mayo 

70 – 61                             Jueves 10 de mayo 

60 – 51                             Viernes 11 de mayo 

50 – 41                             Martes 15 de mayo 

40 – 31                          Miércoles 16 de mayo 

30 – 21                             Jueves 17 de mayo 

20 – 11                            Viernes 18 de mayo 

10 – 01                              Lunes 21 de mayo 

 

Para la presentación se debe tener en cuenta que este informe no requiere la presentación ni remisión de documentos adicionales, y no es obligatorio el diligenciamiento del mismo por las entidades empresariales inspeccionadas, sucursales de sociedades extranjeras, las sociedades que se encuentren en estado de liquidación obligatoria, liquidación judicial o voluntaria, concordato, o acuerdo recuperatorio. 

Por último, para enviar la información debe ingresar al siguiente enlace, otorgado por la Superintendencia de Sociedades: 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/Presentaci%C3%B3n-de-informes-empresariales-.aspx

2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explica que las empresas prestadoras de servicios públicos  que pretendan constituirse bajos el tipo societario S.A.S, pueden hacerlo a través de un documento privado omitiendo la necesidad de escritura pública. 

Lo anterior lo interpreta la entidad debido a que la ley 1258 de 2008, mediante las que se crean las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), es un norma posterior a la ley 142 de 1994 (ley de servicios públicos domiciliarios) y, además, especial respecto del código de comercio y su regulación de Sociedades Anónimas (S.A).

Por tanto, si bien la ley 142 de 1994 hacia una remisión expresa a la normativa contenida en el Código de Comercio para las sociedades anónimas, nada obsta para que, después de la expedición de la ley 1258 de 2008, se creen empresas prestadoras de servicios públicos (E.S.P) como una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) y por documento privado. 

D) DOCTRINA CAMBIARIA

1. Las sociedades extranjeras que para efectos fiscales se consideran nacionales no deben presentar la declaración de renta por cambio de titular de la inversión extranjera, pero sí deberán cumplir con la presentación anual del impuesto sobre la renta dentro de los términos fijados por el gobierno nacional.

La DIAN aclaró en concepto 000179 de 2018, que con la inserción del artículo 12-1 al Estatuto Tributario por la Ley 1607 de 2012, las sociedades y entidades constituidas en el exterior pueden también adquirir la condición de nacionales, y en tal caso, no tendrían la calidad de extranjero para efecto del cambio de titularidad de sus inversiones.

En tal sentido, aquellas sociedades que no ostenten la condición de extranjeras en los términos antes señalados, solo deberán cumplir con la presentación anual del impuesto sobre la renta dentro de los términos fijados por el gobierno nacional, en la cual deberá incluir tanto sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como las que se originen en rentas fuera de Colombia

E) JURISPRUDENCIA

1. El Consejo de Estado se pronunció sobre el valor probatorio de documentos en inglés.

En Sentencia 20482 del 22 de febrero de 2018 se estudió la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN le impuso sanción a una comercializadora, por no presentar declaración informativa individual de precios de transferencia (DIIPT) de año 2006.

La DIAN fundamentó la obligación del demandante con un documento en idioma extranjero que no fue traducido y según el artículo 251 del Código General del Proceso: “para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez”.

Así las cosas estimó la Sala que se violó el derecho al debido proceso pues no se probó en debida forma que la actora estaba obligada a presentar la DIIPT puesto que el documento que la DIAN aportó, que sustentaba la vinculación económica, se obtuvo a través de un exhorto al consulado de Colombia en Miami que resultó en una descripción de elementos del supuesto vinculado en inglés, por lo que no se pueden tener como prueba, en aplicación del artículo trascrito; el artículo 10 de la Constitución que reconoce como idioma oficial al castellano; y la Resolución  2201 del 22 de julio de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores (ahora la Resolución 4300 de 2012) que indica que los documentos públicos expedidos en el exterior, autenticados por Agente Consular extendidos en idioma distinto del castellano, deberán ser traducidos por Traductor e Intérprete Oficial reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 


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